En el marco de las elecciones seccionales de 2019 en Ecuador, un nuevo caso de posibles irregularidades electorales y prácticas cuestionables ha salido a la luz en la provincia de Esmeraldas. Documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y mensajes de WhatsApp obtenidos por este portal revelan la participación de Gary Antonio Sevillano Ardila, un actor clave en el proceso electoral, en acciones que podrían constituir coacción hacia funcionarios públicos y complicidad en irregularidades que comprometen la transparencia del proceso democrático.
Contexto: Elecciones Seccionales 2019 en Esmeraldas
Las elecciones seccionales de 2019, celebradas el 24 de marzo, fueron un evento crucial para definir autoridades locales en Ecuador. En la provincia de Esmeraldas, los resultados oficiales muestran una contienda reñida, con Lucía Sosa del Partido Social Cristiano (PSC) obteniendo la prefectura con un 41.77% de los votos, según datos del CNE. Sin embargo, detrás de estos resultados, los documentos y comunicaciones internas revelan un proceso plagado de inconsistencias en las actas electorales y maniobras que podrían haber influido en los resultados finales.
Gary Antonio Sevillano Ardila, identificado con cédula 0801696030, aparece como una figura central en la gestión de actas electorales y en la coordinación con funcionarios del CNE y juntas electorales. Junto a César Pimentel, Sevillano trabajó en la revisión de actas con "inconsistencias numéricas" y otros problemas, según los mensajes de WhatsApp obtenidos. Sin embargo, sus acciones van más allá de la simple supervisión electoral y apuntan a prácticas que podrían ser ilegales.
Indicios de Coacción hacia Funcionarios del CNE
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la posible coacción ejercida por Gary Sevillano hacia la presidenta de la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas. En un mensaje del 31 de marzo de 2019, Sevillano instruye a César Pimentel: "Mi cesar hice una reclamación en la Junta Parroquial de Carlos Concha, ganamos por un voto presionela a la presidenta para que vote a favor de corregir el error y cambiar lo que dice en letras prevalece lo que dice en números." La instrucción de "presionarla" para que vote a favor de un cambio en el acta sugiere una intervención indebida en el proceso electoral.
"Mi cesar hice una reclamación en la Junta Parroquial de Carlos Concha, ganamos por un voto presionela a la presidenta para que vote a favor de corregir el error y cambiar lo que dice en letras prevalece lo que dice en números." - Mensaje de WhatsApp de Gary Sevillano, 31 de marzo de 2019
Más grave aún es un mensaje del mismo día, donde Sevillano dice: "Cuando hagas con la presidenta de la Junta provincial electoral dile que sino hubieran dado pasó en el cne arriba y en el contencioso electoral los hubiéramos guindado." La expresión "los hubiéramos guindado" puede interpretarse como una amenaza velada, lo que podría constituir un delito de coacción o amenazas según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. El Art. 155 del COIP define la coacción como el acto de obligar a una persona a realizar algo que la ley no le exige, con penas de uno a tres años de prisión. Si Sevillano o Pimentel usaron esta amenaza para influir en la decisión de la presidenta, estarían incurriendo en un acto ilegal.
Complicidad en Irregularidades Electorales
Los documentos del CNE, fechados el 25 de marzo de 2019, muestran múltiples actas con problemas en varias parroquias de Esmeraldas, como Quininde, La Unión, Malimpia, y Viche. Las actas presentan "inconsistencias numéricas", están "mal escaneadas" o carecen de firmas, según los propios mensajes de Sevillano (25/3/19 13:22). Si bien estas irregularidades podrían ser errores administrativos, la respuesta de Sevillano y Pimentel no parece enfocarse en una solución transparente.
En un mensaje del 30 de marzo de 2019, Sevillano menciona: "Anoche han hecho y han desecho los señores vocales de la junta provincial electoral, estamos perdiendo un concejal en rioverde… parece que rodo el billete anoche." Esta declaración sugiere que los vocales de la junta habrían recibido sobornos para alterar resultados, una práctica que constituye un delito de cohecho según el Art. 285 del COIP, con penas de hasta siete años de prisión. Aunque no hay evidencia directa de que Sevillano o Pimentel hayan participado en el soborno, su conocimiento de estos actos y su falta de denuncia formal los convierten en posibles cómplices por omisión. Según el Art. 42 del COIP, quienes tienen conocimiento de un delito y no lo denuncian pueden ser considerados cómplices, especialmente si se benefician de la situación.
Manipulación de Resultados y Presión en San Lorenzo
Un documento presentado por Sevillano el 1 de abril de 2019, relacionado con San Lorenzo, incluye una nota manuscrita que detalla irregularidades en las juntas receptoras del voto. La nota menciona que en el cantón San Lorenzo, las juntas presentaron inconsistencias numéricas y que, en algunas parroquias, los resultados favorecieron al PSC de Lucía Sosa. Sin embargo, la nota también señala que en otras parroquias, como Ancon-Partidero, se detectaron "inconsistencias numéricas y escrutinios que no concuerdan con las actas", lo que sugiere una posible manipulación de resultados.
Sevillano y Pimentel parecen haber trabajado activamente para corregir estas inconsistencias a su favor, pero sus métodos incluyen presiones a funcionarios y estrategias que bordean la legalidad. Por ejemplo, en el caso de Carlos Concha, Sevillano menciona que "ganamos por un voto" y pide presionar a la presidenta para que corrija un error en el acta, lo que podría interpretarse como una manipulación indebida del proceso electoral.
Implicaciones Legales y Éticas
Las acciones de Gary Sevillano plantean serias preguntas sobre la integridad del proceso electoral en Esmeraldas en 2019. La posible coacción hacia la presidenta de la junta provincial electoral, combinada con su conocimiento de actos de corrupción (como los sobornos mencionados) y su falta de denuncia, lo colocan en una posición comprometida. Además, su rol activo en la gestión de actas con inconsistencias, sin buscar una solución transparente, sugiere una intención de manipular resultados a favor de su grupo político.
Desde un punto de vista legal, Sevillano podría enfrentar cargos por:
- Coacción (Art. 155 del COIP): Por presionar a la presidenta de la junta con posibles amenazas.
- Complicidad en cohecho (Art. 285 del COIP): Por conocer actos de soborno y no denunciarlos.
- Alteración de resultados electorales: Si se demuestra que las correcciones en las actas fueron fraudulentas, podría enfrentarse a cargos relacionados con delitos electorales, según la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de Ecuador.
Conclusión: Un Sistema Electoral Vulnerado
Este caso expone las vulnerabilidades del sistema electoral ecuatoriano y la facilidad con la que actores políticos pueden influir en los resultados mediante prácticas cuestionables. Gary Antonio Sevillano Ardila, lejos de ser un simple observador, parece haber jugado un rol activo en la manipulación de actas y la presión a funcionarios, acciones que comprometen la transparencia y legitimidad de las elecciones de 2019 en Esmeraldas. Este portal de corrupción hace un llamado a las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado y el CNE, para que investiguen a fondo estas irregularidades y determinen las responsabilidades penales de Sevillano y otros involucrados.
La democracia ecuatoriana merece procesos transparentes y libres de coacción. Casos como este no solo afectan la confianza ciudadana en las instituciones, sino que perpetúan un sistema donde el poder y el dinero prevalecen sobre la voluntad popular.
